Conflicto sobre la educación en Chile

El movimiento social que se ha instalado en nuestro país tiene como principal sustento a la opinión pública, al menos así lo indican las encuestas, los cacerolazos y las opiniones espontaneas que se ven en los noticieros. ¿Quién no desea una mejor educación? ¿Quien no quiere que la educación superior de sus hijos sea gratuita? ¿Quién puede negar que la igualdad en la calidad de la educación escolar es un valor importante? ¿Quién se puede oponer a que los recursos que el estado destina a la educación no vayan a parar al bolsillo de unos pocos?
Las respuestas a estas preguntas serán casi unánimes, sin embargo es importante que haya claridad en la opinión pública y en los actores sociales sobre los diferentes temas involucrados porque, desgraciadamente, las soluciones no son tan simples como aparentan y una mala decisión puede causar daños irreparables a varias generaciones.
Analicemos los tópicos más relevantes.
En primer lugar debemos señalar que los problemas de la educación superior son diferentes a los que enfrenta la educación escolar. En este artículo abordaremos solo los primeros.
1º Educación superior gratuita. Actualmente en la educación universitaria y técnico profesional estudian alrededor de 950 mil alumnos; esto significa que si el país desea que toda la educación superior sea gratuita, el estado deberá destinar anualmente una cifra que bordea los 5.000 millones de dólares, equivalente a casi el 50% de todo el presupuesto que hoy día tiene el ministerio de educación. Pero esta cifra aumentaría casi al doble si Chile pretende lograr una cobertura similar a la de los países desarrollados; por tanto debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿estamos en condiciones, como país, de asumir ese enorme costo? Pero surge otra pregunta aun más importante: ¿Es justo que el estado dedique esa gran cantidad de dinero para dar educación superior gratuita a todos? A nuestro juicio la respuesta es no, principalmente por dos razones.
a.- Los alumnos pertenecientes a los niveles más acomodados pueden perfectamente pagar su educación superior, al menos en parte. Además nos encontramos con un agravante: el nivel socioeconómico promedio de los alumnos que cursan aquellas carreras que son más caras, suele ser mayor que el nivel socioeconómico de los alumnos de las carreras más baratas. Esto significa que el estado estaría subvencionando en mayor medida a los sectores más acomodados y en menor medida a los de menores ingresos.
b.- Aquellas carreras más caras corresponden generalmente a las profesiones que tienen mejores sueldos, por tanto, el estado estaría beneficiando, con dinero de todos los chilenos, más a los que tendrán mejores remuneraciones y menos a los que ganarán menos.
Si estas realidades muestran claramente que la gratuidad total en la educación superior es injusta ya que da más a los más ricos y menos a los más pobres, también es igualmente claro que el rol del estado en el financiamiento de la educación superior es irrenunciable debido a que ésta es una de las herramientas de movilidad social más eficaz. El estado debe procurar aliviar a aquellas familias que, producto de la educación de sus hijos, han adquirido deudas que hoy en día los agobian; debe procurar becas a los sectores más desfavorecidos y créditos blandos a los sectores medios e incluso altos; debe cofinanciar a las universidades que son de su propiedad y promover la investigación y las artes, pero en esta tarea nunca debe perder de vista la justicia y la equidad.
2º El lucro. Antes de tomar, como sociedad, una decisión al respecto, debemos considerar al menos dos datos que consideramos relevantes.
a.- El año pasado, menos del 20% (170.000) de los alumnos que estudiaron en la educación superior lo hicieron en universidades estatales, y sobre 500.000 lo hicieron en establecimientos que pueden tener lucro directo o que tienen lucro indirecto (por lucro indirecto entendemos aquellos casos en que los controladores de la institución son los mismos dueños de los bienes físicos en que la institución funciona, y por los que reciben un interés monetario por sus inversiones)
b.- En cifras aproximadas, en los últimos tres años las Universidades Estatales han crecido solo un 16%, las Universidades Privadas no tradicionales lo han hecho en un 35% y los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica en un 65%. Recordemos que estos últimos, legalmente pueden obtener lucro.
Por tanto surge una legítima pregunta: ¿el país será capaz de ofrecer una adecuada cobertura en educación superior sin contar con los actores privados? Una respuesta equivocada a esta cuestión le puede costar, literalmente, el futuro a cientos de miles de jóvenes, amén de un aumento sustancial en los aranceles.
Pero está claro que si se opta por permitir el lucro, debemos prevenirnos de la codicia que puede estar presente en un negocio. Para evitarla, es necesaria la trasparencia total, rigurosos niveles de exigencia académica debidamente acreditados, adecuada competencia y una férrea fiscalización.
3º La cuestión de la calidad. La opinión pública suele relacionar la mala calidad al lucro o al hecho que la institución de educación sea privada. La realidad es que no hay ningún estudio serio que avale que, en Chile, aquello sea verdad. Un rápido recorrido por nuestras instituciones de educación superior nos muestra que hay excelentes instituciones, tanto privadas como públicas; y también encontramos, en ambos lados, otras que no lo son tanto. Según la página web del Concejo Nacional de Acreditación existen instituciones públicas y privadas con solo un año de acreditación, así como otras con seis o siete años. Cualquier persona que conozca medianamente bien el sistema de educación superior chileno convendrá que la propiedad de la institución no es garantía de calidad como tampoco de carencia.
El camino para lograr una buena calidad parte con que el estado asuma su responsabilidad. La creación de la sub secretaría para la educación superior va en la dirección correcta, pero debe tener amplias atribuciones de fiscalización, si no, será letra muerta.
4º El nuevo paradigma: Educación superior para (casi) todos. En el pasado la educación superior estaba reservada para unos pocos. En los años 90 solo 220.000 jóvenes tenían acceso a ella y generalmente el profesional egresado estaba preparado para ejercer en un amplio espectro de actividades. Hoy día esto está cambiando. Si bien deben seguir algunas universidades formando profesionales de gran nivel para que investiguen, planifiquen, hagan ciencia, etc. cada vez se hace más necesario que todos los jóvenes adquieran competencias profesionales que les permita desenvolverse en las diferentes aéreas del qué hacer productivo. Las actuales exigencias del mundo del trabajo hacen necesario que en prácticamente todas las aéreas se requieran habilidades profesionales para lograr un buen desempeño. Es por esto que es fundamental seguir aumentando la cobertura de la educación superior, especialmente en los niveles medios, en Chile se espera que el próximo año se llegue al 50% en comparación con los países desarrollados tienen sobre el 80%.
Es falaz la típica frase “estamos formando cesantes ilustrados”. El mundo del futuro requiere de un gran número de técnicos y profesionales para lograr las productividades requeridas en un país desarrollado. Basta de “maestros chasquillas” arreglando nuestros autos o construyendo nuestras ampliaciones habitacionales. Si queremos llegar al desarrollo, debemos profesionalizar la mayor cantidad de actividades productivas. Es por esto que la educación técnico profesional es de vital importancia. En el pasado, en Chile habían cinco profesionales por cada técnico, en circunstancias que debe ser a la inversa. Si ampliamos significativamente la cobertura de la educación técnico profesional, no tendremos cesantes ilustrados si no que profesionales competentes trabajando.
5º Otros.
La alta deserción, la falta de homologación entre las universidades, dificultades de los jóvenes para trabajar mientras estudian, falta de salidas intermedias y certificaciones, el alto costo de las carreras, la dependencia financiera entre las instituciones de educación superior y las agencias acreditadores, son algunos de los temas que no se abordan en la actual discusión y sin embargo son cruciales para el futuro.